El objetivo de la reunión era tomar una decisión sobre la continuidad en el cargo del Virrey, ante los sucesos acontecidos en España, ya que el Rey, Fernando VII, estaba prisionero de los franceses y por lo tanto, Cisneros no tenía referente en la toma de sus decisiones, ya que él ejecutaba las órdenes provenientes de la Metrópoli, cuyo mando estaba acéfalo.
El derecho español, preveía como legítima la reunión de un Cabildo Abierto, ya que estaba establecido que cuando se producía la vacancia del trono, la soberanía volvía al Cabildo, organismo que representaba al pueblo.
En el Cabildo Abierto se reunían los vecinos, que debían cumplir una serie de requisitos para ser considerados tales. Se debía tener casa poblada, armas y caballo y su residencia debía datar de una serie de años, sin ausencias, ya que en tal caso se debía dejar a algún hombre con condiciones similares en su reemplazo, debiendo cada vecino contribuir a la defensa de la ciudad. Como beneficios contaban con franquicias y permisos comerciales y del sistema de encomiendas, pudiendo desempeñar cargos en el Cabildo, previa petición y aprobación que se hacía constar en un libro.
A la sesión concurrieron 56 militares, 4 marinos, 18 alcaldes de barrio, 24 clérigos, 20 abogados, 4 escribanos, 4 médicos, 2 miembros de la audiencia, 2 miembros del Consulado, 13 funcionarios, 46 comerciantes, 18 vecinos y 15 personas sin calificación. Totalizaron 251 concurrentes, a pesar de que se proyectaron 600 invitaciones, que se vieron reducidas por vía de selección a 450, y por presión de los criollos, muchos concurrentes se vieron imposibilitados de acceder a la Plaza.
